Las tres órdenes ejecutivas del presidente Biden.

El presidente Biden tiene en su itinerario la firma de varias acciones ejecutivas para comenzar a reunificar a los niños migrantes separados de sus padres en la frontera de los Estados Unidos, reevaluar las medidas implementadas por la previa administración en el sistema de asilo y por último evaluar la serie de cambios implementados por la administración de Donald Trump que cambiaron el sistema de migración legal a los Estados Unidos.

Las acciones ejecutivas del presidente aparentan estar dirigidas a revertir las medidas tomadas por el entonces presidente Trump. Las medidas a ser implementadas probablemente no tendrán un efecto inmediato ya que se requiere tiempo para evaluar los efectos de las medidas.

Entre las acciones ejecutivas se encuentra la creación de un grupo de trabajo dedicado a encontrar maneras para reunificar las familias separadas cuando los padres fueron deportados y los hijos se quedaron en los Estados Unidos. Esta titánica tarea resulta complicada debido a que varias agencias carecen de los registros necesarios para empatar a los padres con los hijos de manera efectiva.

La segunda medida va dirigida a evaluar cómo lidiar con el brote de personas solicitando asilo en los últimos años y como sustituir el programa de los Protocolos de Protección al Migrante también conocido como el MPP por sus siglas en ingles. Este programa fue suspendido por el presidente desde que asumió la presidencia y se ha comprometido en trabajar con los países centroamericanos con tal de lidiar con las razones por las que la gente está migrando. Oficiales han expresado el interés de la administración para restaurar el sistema de asilo, no obstante, no se han establecido medidas claras sobre como alcanzar esta meta.

La tercera orden requiere que las agencias evalúen todos los cambios o reglas que hayan sido implementadas y dificulten los procesos de migración legal a los Estados Unidos. Entre las reglas en la mira de la administración se encuentra la regla del “Cargo Público” la cual impedía que personas pudieran adquirir su residencia si los oficiales creían que los solicitantes eran propensos a recibir asistencia pública.

Por otro lado, el presidente presento una propuesta a la Legislatura cuyo futuro aún resulta incierto.